Ahora mismo, Teófilo Roberto López, 66 años, está fuera de sí. Camina como un lunático a paso doble por los linderos de su finca, ubicada a tiro de piedra de la Autopista Nacional.
López se encuentra al filo de la navaja. Todas sus posesiones, erigidas con sacrificio y la ayuda de ocho hermanos que residen en Estados Unidos, las tiene perdidas. Sentado en el amplio y fresco portal de su casa de dos plantas, meciéndose frenéticamente en un sillón de madera color marfil, con el ceño fruncido y un gesto amenazante desahoga su ira.
“Cuando las autoridades entren en mis propiedades para desalojarme, armaré jaleo. Todo esto -y con su grueso dedo índice señala a su alrededor- lo construí en 30 años, para que mi familia y yo pudiéramos vivir con comodidad”, apunta el viejo Teófilo, un señor de mediana estatura, que habla a la velocidad de la luz y de forma nerviosa mueve sus manos.
El caso de Teófilo se remonta a julio del 2009, cuando la ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ordenó a la Dirección de la Vivienda del municipio Arroyo Naranjo, en Ciudad Habana, la ejecución de un proceso de confiscación de bienes a la familia de Teófilo, amparada en el Decreto 149 -ley contra los nuevos ricos- que permite desposeer las propiedades de una persona por “enriquecimiento indebido”.
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